21/02/2013
Lo de la concesionaria FCC, adjudicataria del servicio de la basura, sigue siendo en Benidorm un pozo sin fondo. El Ayuntamiento ya ha pagado a la mercantil 326.766 euros en cumplimiento de una sentencia dictada por un juzgado de Alicante que obligaba a indemnizar a la empresa por los retrasos acumulados a la hora de abonarle la facturación del servicio. O, como se denomina técnicamente, por intereses de demora. En una época de graves penurias financieras, las arcas públicas de la ciudad han tenido que realizar tan notable desembolso mientras el gobierno local (PSOE y CDL) continúa sin pronunciarse sobre los informes de los técnicos municipales que advierten de que FCC sigue incumpliendo servicios incluidos en su contrato. Ayer, fuentes del gobierno local se limitaron a asegurar que está ultimando con la mercantil una rebaja para que al menos el actual servicio de limpieza viaria y recogida de residuos le cueste a partir de ahora al Ayuntamiento un 25% menos del precio actual, que es de 17 millones de euros. Nada nuevo bajo el sol.
FCC reclamó ante el juzgado contencioso-administrativo de Alicante esos intereses de demora después de que el Ayuntamiento tardara más de 30 días en abonarle por sus servicios, que es el plazo que la actual ley de la Morosidad establece para realizar sus pagos. Esas facturas con retraso, que el Consistorio también abonó ya a FCC, eran anteriores al famoso plan de proveedores, que en cambio no aceptaba ese tipo de intereses. Por ese plan, FCC recibió otros 35 millones de euros en 2012.
Pues bien, fue precisamente en ese año cuando, según sostienen técnicos municipales, la concesionaria de la basura habría puesto en la calle cada mes 850 trabajadores menos de lo que le corresponde o, lo que es lo mismo, 8.500 operarios menos de los establecidos por el pliego de condiciones a lo largo del año hasta octubre y sin contabilizar noviembre y diciembre. Presuntamente, un ahorro millonario para la mercantil.
Además, en julio de 2012 un estudio externo al Consistorio solicitado por el propio gobierno local concluía que el Ayuntamiento debía incluso romper con FCC, que tiene la concesión del servicio de basura y limpieza hasta 2018, por graves anomalías en la contrata. Por fin y ante todos estos dictámenes, en octubre de 2012 un alto cargo del departamento municipal de Ingeniería aseguró que era necesario auditar los servicios prestados por la empresa al menos durante los últimos tres años. La pasada semana, el edil popular David Devesa exigió al ejecutivo local que abriera un expediente sancionador para reclamar las posibles cantidades que FCC hubiera podido defraudar al Ayuntamiento.
Por cierto, que otros dos fallos judiciales también obligan a compensar por intereses de demora a otra concesionaria, La Generala, encargada de la contrata de la jardinería, por una cuantía total de 408.627 euros. De esta forma, la cantidad total que por mandamiento de los tribunales Benidorm ha de abonar a sus propias contratas asciende a 735.393 euros.
La concejala de Hacienda, Natalia Guijarro, explicó que antes de acudir a los juzgados, las empresas presentan una reclamación ante el propio Ayuntamiento, que sin embargo se la deniega en ese momento por dos razones: por el mal estado de la tesorería municipal y porque normalmente las concesionarias piden más dinero de lo que acaba por resolver el juez al incluir en sus reclamaciones "precios privados y no público". De hecho, la cantidad que exigía La Generala era mayor que la determinada ahora por el tribunal: ascendía a 603.000 euros.
